Una Constitución no es simplemente un documento: es el pacto fundacional que define cómo se organiza una comunidad política y qué relación tienen los ciudadanos con el poder. Podemos aproximarnos a ella desde tres ángulos distintos, que no se contradicen sino que se complementan:

Entender qué significa jurídicamente la Constitución va más allá de saber que es "la ley más importante". Significa comprender que es una norma directamente aplicable , que vincula a todos —ciudadanos y poderes públicos— sin necesidad de que existan leyes de desarrollo intermedias que la activen.

El Título Preliminar de la Constitución (artículos 1 al 9) no es un mero prólogo: es el cimiento ideológico y jurídico sobre el que se asienta todo el edificio constitucional. Cada uno de estos nueve artículos condensa decisiones políticas fundamentales que condicionan la interpretación de todos los demás preceptos.

El Título I de la Constitución es el catálogo de los derechos que el Estado reconoce y garantiza a los ciudadanos. No se trata de concesiones graciosas del poder, sino de derechos inherentes a la dignidad humana que la Constitución simplemente declara y protege.

No todos los derechos constitucionales tienen el mismo escudo protector. La Constitución establece un sistema de garantías graduado en tres niveles según la naturaleza y la ubicación de cada derecho en el texto.

Que la Constitución sea rígida no significa que sea inmutable; significa que modificarla exige algo más que aprobar una ley ordinaria.

El Estado democrático de Derecho se asienta sobre un principio cardinal: ningún poder puede concentrarse en una sola mano. Esta idea, que hoy consideramos obvia, fue una auténtica revolución intelectual formulada por Montesquieu en su obra Del espíritu de las leyes (1748).

Las Cortes Generales constituyen el poder legislativo del Estado español. Su regulación se encuentra en el Título III de la Constitución (arts. 66 a 96). Son el órgano que representa al pueblo español y el espacio donde se debate, se aprueba y se controla todo lo que afecta a la vida colectiva del país.

El Gobierno es el órgano que encabeza el Poder Ejecutivo en España. Su regulación constitucional se encuentra en el Título IV de la Constitución (arts. 97 a 107), desarrollada por la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno .

Una de las funciones esenciales de las Cortes Generales es controlar la acción del Gobierno (art. 66.2 CE). Este control se articula a través de varios mecanismos, regulados en el Título V de la Constitución , "De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales" (arts. 108 a 116).

El Poder Judicial es el tercer pilar del Estado democrático. Su función esencial es juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, y para ejercerla con independencia del poder político, la Constitución le rodea de garantías muy robustas.

Cuando hablamos de "la Administración", en realidad nos referimos a algo mucho más amplio que un edificio con ventanillas: es el conjunto de organizaciones al servicio de los poderes públicos que ejecuta las leyes, presta servicios a la ciudadanía y gestiona los recursos colectivos.

España tiene tres niveles de Administración territorial (Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales) que conviven sobre el mismo territorio y, en muchas materias, sobre las mismas competencias compartidas.

La Administración General del Estado (AGE) es el conjunto de órganos e instituciones mediante los cuales el Gobierno central despliega su acción sobre todo el territorio nacional.

Ya sabemos que al frente de cada Ministerio está el Ministro, y que bajo él pueden existir una o varias Secretarías de Estado para sectores concretos de política.

Ya hemos visto que la AGE se hace presente en cada Comunidad Autónoma a través del Delegado del Gobierno y, en cada provincia, a través del Subdelegado.

Cada órgano administrativo tiene atribuido un conjunto de asuntos sobre los que puede actuar: eso es su competencia . La regla general es la irrenunciabilidad: un órgano no puede desprenderse de sus competencias por voluntad propia, salvo que una norma lo permita expresamente.

Frente a los órganos unipersonales (un Ministro, un Director General), muchas decisiones administrativas se adoptan por órganos colegiados : aquellos integrados por tres o más personas que actúan de forma conjunta, deliberando y votando.

El Estatuto de Autonomía de Andalucía (EAA) es mucho más que un simple texto legal: es la norma que define qué es Andalucía como comunidad política, cuáles son sus fronteras, quiénes la gobiernan y con qué poderes cuenta.

La organización política de la Junta de Andalucía descansa sobre tres pilares institucionales básicos que funcionan de forma interrelacionada: el Parlamento de Andalucía (poder legislativo), el Presidente de la Junta (dirección política y representación) y el Consejo de Gobierno (poder ejecutivo colegiado).

La organización administrativa interna de la Junta de Andalucía se articula principalmente a través de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía (LAJA), que desarrolla los principios organizativos establecidos en el EAA 2007.

El art. 153 CE cierra el diseño del Estado autonómico fijando quién controla a las Comunidades Autónomas y por qué vía. A diferencia del control que la propia Comunidad ejerce sobre sus Entidades Locales (control de legalidad, nunca de oportunidad), este es un control externo sobre la propia CCAA, tasado y limitado a los supuestos que marca la Constitución.

Todo el edificio autonómico español se apoya en un solo artículo, el 2 CE, que resume una tensión que recorre toda la Constitución: España es una nación única e indivisible, pero dentro de ella existen nacionalidades y regiones con derecho al autogobierno.

Cuando un examen habla de "relaciones interadministrativas", "colaboración", "cooperación" o "conferencias sectoriales", la respuesta casi nunca está en la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común (LPAC), sino en su ley gemela: la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP) .

El término "Régimen Local" hace referencia al conjunto de normas jurídicas, principios e instituciones que regulan la organización, el funcionamiento, las competencias y las relaciones de las entidades que conforman la Administración Local: municipios, provincias, islas y otras entidades locales.

De entre todas las entidades que conforman la Administración Local, el municipio es la más cercana al ciudadano y la más antigua históricamente. Art. 11 LBRL: el municipio es la entidad local básica de la organización territorial del Estado .

La Provincia es la segunda entidad local por excelencia del sistema español de Administración Local. Su fundamento constitucional se encuentra en el Art. 141 CE , que la define como entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios, y que sirve además como circunscripción territorial del Estado para el cumplimiento de sus actividades (incluidas las elecciones al Congreso de los Diputados).

El municipio, como entidad básica de la organización territorial del Estado, no actúa de forma caprichosa ni ilimitada. Su intervención en la vida de los ciudadanos está perfectamente delimitada por la ley, que distingue entre las materias en las que puede y debe actuar (competencias propias), las prestaciones mínimas que obligatoriamente ha de garantizar (servicios mínimos), las funciones que otros niveles de gobierno le pueden encomendar (competencias delegadas) y aquellas actividades que puede asumir excepcionalmente fuera de su catálogo ordinario.

Las Entidades Locales no son simples asociaciones de vecinos ni personas jurídicas de derecho privado. Son Administraciones Públicas de carácter territorial dotadas por el ordenamiento jurídico de un conjunto de poderes y privilegios que les permiten actuar de forma unilateral, imperativa y ejecutiva.

El patrimonio de las Entidades Locales constituye la base material sobre la que descansan sus actividades y la prestación de sus servicios.

Las Entidades Locales necesitan capital humano para funcionar. El régimen jurídico del personal que presta servicios en ayuntamientos, diputaciones y demás corporaciones locales es uno de los bloques más complejos del Derecho Administrativo, ya que entrecruza legislación básica estatal, legislación autonómica y normativa local, todo ello articulado sobre el Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP), aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

En un Estado complejo como el español, articulado en tres niveles territoriales de gobierno —Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales—, es imprescindible establecer mecanismos de relación que permitan la cooperación y la coordinación entre todos ellos sin que ningún nivel invada indebidamente la esfera de autonomía de los demás.

Para que los municipios y demás Entidades Locales puedan ejercer sus competencias y prestar los servicios que la ley les exige, necesitan disponer de recursos económicos suficientes.

Se conoce como Hacienda Local al conjunto de medios económicos con los que cuentan los Ayuntamientos, las Diputaciones Provinciales y el resto de entidades locales para atender sus competencias y satisfacer los intereses generales que tienen encomendados.

Los tres impuestos obligatorios municipales son el núcleo de la hacienda local española. Su carácter obligatorio garantiza que todos los municipios, independientemente de su tamaño, dispongan de unas fuentes de ingresos tributarios mínimas y estables. A continuación se analiza cada uno de ellos con detalle.

Los impuestos potestativos son aquellos que los Ayuntamientos pueden establecer o no mediante la aprobación de la correspondiente ordenanza fiscal.

Junto a los impuestos, las Entidades Locales disponen de otros recursos tributarios y paratributarios de gran importancia: las tasas , las contribuciones especiales y los precios públicos . Aunque los tres suponen ingresos para la Hacienda Local, tienen naturaleza jurídica diferente y se rigen por principios distintos.

La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT) es la norma básica y de referencia de todo el ordenamiento tributario español.

Cuando un ayuntamiento, una diputación o cualquier otra entidad local liquida un tributo, aprueba una tasa, impone una sanción pecuniaria o exige un precio público, el ciudadano no se encuentra desamparado frente a esa decisión: puede reaccionar frente a ella.

Cuando un Ayuntamiento, una Diputación Provincial o cualquier otra entidad local decide exigir uno de sus tributos propios —una tasa, una contribución especial o alguno de los impuestos que la ley le permite gestionar—, necesita un instrumento jurídico que fije con precisión quién debe pagar, cuánto, cuándo y en qué condiciones.

Antes de que existiera un catálogo detallado de derechos en la Ley 39/2015 (LPAC), la Constitución ya había dejado sentado que la relación entre la ciudadanía y la Administración no puede ser una relación de subordinación pura: la persona que se dirige a un ayuntamiento, a una consejería o a un ministerio no es un simple destinatario de decisiones, sino alguien con derechos que la Administración debe respetar en el propio procedimiento.

El art. 13 LPAC es distinto del art. 53 LPAC que veremos después: no exige que exista un procedimiento en marcha ni que la persona tenga la condición de "interesada" en nada concreto.

El art. 53 LPAC parte de una situación distinta a la del artículo anterior: aquí ya existe un procedimiento administrativo concreto y la persona tiene en él la condición de interesada (art. 4 LPAC: quien lo promueve como titular de derechos o intereses legítimos, quienes sin haberlo iniciado tienen derechos que pueden resultar afectados, y quienes tengan intereses legítimos que puedan resultar afectados por la resolución).

El art. 14 LPAC no formula un derecho absoluto de libre elección: distingue entre personas físicas, que en general pueden elegir, y una lista de sujetos que están obligados a relacionarse electrónicamente con la Administración en cualquier trámite. Entender bien esta lista es clave, porque es de las preguntas más repetidas del tema.

Aquí conviene hacer una pausa terminológica, porque el examen la explota con frecuencia: hasta ahora hemos hablado de derechos de la ciudadanía; el art. 18 LPAC gira la perspectiva y regula un deber .

El art. 1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL), no define a los municipios solo como entidades administrativas: los define expresamente como "cauces inmediatos de participación ciudadana en los asuntos públicos" , que gestionan con autonomía los intereses de sus vecinos.

El principio de igualdad y no discriminación constituye uno de los valores supremos del ordenamiento jurídico español y de toda la tradición constitucional del Estado social y democrático de Derecho.

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (LOIEMH) es la norma más importante en materia de igualdad de género en España.

La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (LOVG) es una ley pionera en el ámbito europeo e internacional.

La igualdad entre mujeres y hombres en el empleo público no es solo un mandato legal sino una exigencia del principio de mérito, capacidad e igualdad de oportunidades que rige el acceso a la función pública.

El derecho de las personas con discapacidad a la igualdad de oportunidades y a la plena participación social ha experimentado una evolución fundamental en las últimas décadas: desde el modelo médico-rehabilitador (la discapacidad como deficiencia a corregir) hasta el modelo social (la discapacidad como resultado de la interacción entre la persona y las barreras del entorno).

La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia (LAPAD) — popularmente conocida como "Ley de Dependencia" — creó un nuevo sistema de protección social en España: el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) .

Acto administrativo, eficacia, notificación, publicación, nulidad/anulabilidad, iniciación, ordenación, instrucción y terminación.

Alzada, reposición, extraordinario de revisión, revisión de oficio y plazo supletorio de resolución de 3 meses.

Sede, registro, expediente, archivo, firma, notificación electrónica, publicidad activa y derecho de acceso.

Órganos, competencia, delegación, avocación, abstención, recusación y relaciones interadministrativas.